La pasada elección presenta a los politólogos un campo fértil de investigación. Hoy hay varios temas en la discusión pública sobre los cuales los científicos sociales podrían y deberían investigar y divulgar: qué tan significativa es la compra de votos, ¿puede alterar críticamente el resultado de una elección? ¿cuál es la experiencia comparada de otros países? De la misma manera, y desde la perspectiva normativa, ¿qué es, exactamente, lo que está mal con recibir dinero a cambio del sufragio? A menudo los politólogos están ausentes de las discusiones que preocupan a la sociedad. En este caso hay mucho que los especialistas podrían aportar; no sólo sus opiniones, sino conocimiento empírico valioso para informar el debate público. Cuando los politólogos no realizan estas funciones se crea un vacío que puede ser llenado por advenedizos que rayan en la charlatanería, como los físicos de la UNAM que sin saber nada de comportamiento electoral construyeron la hipótesis de que había un algoritmo sembrado en el sistema de cómputo del IFE en las elecciones de 2006. Estas opiniones pueden adquirir respetabilidad para algunos –como el despistado antropólogo y activista Héctor Díaz-Polanco–  básicamente porque los politólogos no estamos haciendo nuestro trabajo; porque hay una ausencia de la discusión, un divorcio injustificable entre lo que hacemos en la academia (escribir artículos llenos de jerga en los journals en inglés) y lo que ocurre en el país en el que vivimos.He visto en estas semanas muy pocos colegas aportando lo que saben, indicando qué estudios deberíamos emprender, señalando las áreas donde necesitamos investigar. Es como si la compra y coacción del voto fuera un fenómeno sobre el cual nada hubiera sido escrito. ¿Dónde están mis colegas? Qué miran en el claustro. Esta ausencia tiene consecuencias. El resultado es un debate público cada vez más irracional y con menos sustento objetivo en la realidad. Es hora de que dejemos  atrás el “creacionismo electoral”. A ese sí, hay que mandarlo al diablo.